El nacionalismo madrileño quiere controlar toda el agua

Desde el gran nacionalismo madrileño, el PP está empeñado en mover el Estado Autonómico que nos habíamos dado en España, para descafeinarlo y poder controlar todo lo que suene a competencias políticas. El Consejo de Ministros ha derogado parte de la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma «directamente» las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión «mucho más eficiente en materia de agua». ¿Cómo afecta esto a futuros trasvases de agua? Sin duda parece una decisión encaminada a recentralizar el Estado en España, con una primera medida a modo de “globo sonda” para ver hasta donde se van a mover el resto de fuerzas políticas en el Estado. Va en contra de varios Estatutos de Autonomía, incluido el de Aragón, permite contenciosos de diversa índole y asegura una manera de gestionar y decidir, cuando menos peligrosa cuando los problemas reales de España son muy diferentes. No es verdad que este tipo de medidas supongan ahorro alguno ni mejor gestión, sino al contrario, conflictos y complicaciones varias, que se irán viendo según trascurran los meses. ¿Por qué lo hacen?, pues simplemente por ser su manera de entender la gestión pública, en contra de lo ya establecido. No es podría esperar menos y sin duda los temores son esperar más contundencia. Dejo ahora algunas declaraciones del Gobierno sobre este tema.

Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado «para evitar duplicidades y solapamientos», el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido «siempre» una competencia del Estado. Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir «íntegramente» la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias. En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional «dejó sentado» el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un Real Decreto Ley que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomunitarias, lo que significaba  que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio. Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo «es más necesario que nunca» que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una «clara delimitación de competencias» entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una «mayor eficiencia y eficacia» en beneficio de los ciudadanos. Así, ha añadido que el Real Decreto tiene «mucho que ver» con la necesidad de lograr una gestión «más eficiente» de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente. «De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas», ha sentenciado.

La Reforma Laboral empobrece España y creará conflicto social

Como trabajadores debemos conocer mejor y más la actual Reforma Laboral que por Real Decreto ha creado el PP, y analizar si es un lastre para una España que necesita ser más productiva, competitiva, motivada, capaz. Todo país depende de sus activos, de sus personas, de sus ilusiones y sus ganas y la Reforma Laboral es una bomba en la línea de flotación de las normas que regían las relaciones laborales en España. Incluso en algunos aspectos es peor para los trabajadores que la relación que se tenía con el sindicato vertical de la dictadura. Desaparece la tutela judicial para modificar las condiciones de cada trabajador, sin tener que justificar los cambios y con la amenaza del despido barato si no son admitidos los cambios, que pueden ser lógicos y necesarios o simplemente un castigo que busca el agotamiento del trabajador. Quedaría acudir a la justicia laboral, que en estos momentos tarda unos 10 meses en salir en primer instancia.

Acercar en parte las normas laborales de España a las de algunos países de Europa es trampa, si no se acompañan de modificaciones sustanciales en el SMI, en la capacidad adquisitiva de los trabajadores, en la formación de todos los trabajadores pero sobre todo de sus directivos y empresarios, con una reforma contundente contra los mercados negros y los fraudes fiscales continuos, con unas rectificaciones profundas en nuestras maneras de organizar el trabajo, los horarios, la producción para hacerla también más europea.

Los trabajadores de España están agotados y desagrupados, desafectados de todo intento por creer en sus políticos y sindicatos lo que no es motivo para pensar que lo mejor para España es una reforma laboral como la emprendida. Muchos empresarios que sí creen en la producción moderna y en las relaciones laborales modernas nunca emplearán los mecanismos que les facilita la reforma laboral para despedir, pagar menos sueldos, endurecer las condiciones laborales en sus empresas. Pero muchos otros si, y eso empobrecerá nuestra país.

Defenderse ante un despido por futuras pérdidas declaradas por la empresa solo es posible si se presenta una auditoría de la contabilidad de la empresa ante el juicio de los social y presentar demanda contra el resto de los trabajadores para intentar demostrar que no debes ser tú el despedido sino otros compañeros. Hasta este punto se ha llegado en la judicialización de la futura defensa ante lo social, de la realidad que queda en las relaciones laborales.

La Reforma Laboral no va a crear puestos de trabajo. En España hace 15 años se crearon 4 millones de empleos con la anterior norma laboral, al crecer la actividad económica. No es cierto que en España fuera complejo y caro despedir, pues la realidad nos enseña que hemos perdido muchos más empleos que ningún otro país europeo y la empresa que no podía pagar las indemnizaciones tenía mecanismos para descolgarse. No es cierto que fuera necesario crear nuevos tipos de contratos laborales sino más bien todo lo contrario, tan reconocer que nuestros 17 diferentes modelos de contratos laborales son excesivos y absurdos en algunos casos. No es cierto que los sindicatos no sirvan en la sociedad y por ello se les deba quitar funciones, pues una sociedad sin ellos será siempre mucho más conflictiva. No es cierto que precarizar nuestras condiciones laborales nos acerque a Europa, sino bien al contrario a otros mercados laborales que nos convertirá en un país más pobre y con peores y muchos menos empresarios. Con esta reforma laboral se consumirá menos, se tardará más en reactivar la economía y aumentará el conflicto social y laboral tanto por sectores, como por empresas grandes.

No es una Reforma Laboral para negociar sus puntos, sino para ser retirada —lo sé, algo imposible en estos momentos— o asumirla en el tiempo hasta ser posible su derogación cuando hayan cambiado las mayorías parlamentarias, dentro de 8 ó 12 años. Somos los trabajadores españoles los que somos capaces de asumirlas o de derogarla. Los que en mucha cantidad hemos (han) elegido a los gestores que han formulado eta Reforma Laboral.